Resumen
- ADF International ha presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre del obispo nicaragüense Rolando Álvarez.
- Álvarez fue condenado injustamente a 26 años de prisión por predicar contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno nicaragüense.
WASHINGTON, DC (13 de septiembre de 2023) ADF International ha presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre del obispo nicaragüense Rolando Álvarez. Tras un procedimiento penal arbitrario, el obispo Álvarez de la diócesis católica de Matagalpa fue condenado injustamente de cometer el delito de “menoscabo a la integridad nacional” por predicar sobre temas como la dignidad humana dada por Dios y la justicia, en donde denunció las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el gobierno nicaragüense contra la Iglesia Católica, sus fieles y el pueblo en general.
Al obispo Álvarez se le impidió celebrar misa, se le retuvo ilegítimamente en su domicilio y se le arrestó y encarceló sin que se le ofreciera razón alguna. Posteriormente, el obispo fue acusado y condenado en un juicio infame que el mismo acusado desconocía que se estaba celebrando. De lo que se conoce del expediente, este juicio utilizó como evidencia para la condena los sermones del obispo en los que denunciaba las violaciones de derechos humanos del régimen nicaragüense, por lo cual le condenaron a 26 años de prisión. Álvarez se encuentra incomunicado de su familia y no se le ha autorizado entrevista alguna con su representación legal, además, se cree que se encuentra en régimen de total aislamiento. “Los defensores de derechos humanos deberían estar indignados por la persecusión que sufren las personas de fe en Nicaragua”, ha manifestado Kristina Hjelkrem, asesora jurídica para América Latina de ADF International y abogada principal en el caso del obispo.
Hjelkrem añadió: “Por el simple hecho de cumplir con sus obligaciones como obispo y predicar las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia Católica en sus sermones, el obispo Álvarez ha sido condenado injustamente a 26 años de prisión. Se trata de una clara violación no sólo de su derecho humano a la libertad de expresión, sino también a profesar su fe y compartir sus creencias como pastor. Para ADF International es un honor llevar este crítico caso ante la Comisión, con la esperanza que se haga justicia en el caso del obispo Álvarez y que se ponga fin a la persecución religiosa en Nicaragua. Nadie debería ser perseguido o encarcelado por compartir su fe”.
Dada la imposibilidad de agotar recursos internos en Nicaragua, ADF International presentó una denuncia en su nombre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El estado de persecución en Nicaragua es espeluznante. Recien el pasado 11 de septiembre de 2023, un sacerdote que rezaba por el obispo Álvarez fue detenido por el solo hecho de orar por el obispo.
Antecedentes del caso
La persecución de las autoridades nicaragüenses contra el obispo Álvarez comenzó el 4 de agosto de 2022, cuando agentes de la policía nacional le impidieron salir de su residencia, en las oficinas de la Diocesis de Matagalpa, para celebrar misa en una catedral cercana. El obispo, junto con seminaristas, sacerdotes y un camarógrafo, fueron retenidos contra su voluntad por la policía en las oficinas de la diócesis durante 15 días.
Luego, el 19 de agosto de 2022, la policía entró por la fuerza en la residencia y detuvo arbitrariamente al obispo Álvarez y a los otros siete miembros de la Iglesia católica, sin orden de detención alguna. Desde entonces, el obispo Álvarez estuvo bajo arresto domiciliario hasta la celebración del juicio en su contra.
Tras la detención, las autoridades nicaragüenses abrieron una investigación penal contra el obispo por los delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información”. Posteriormente, el obispo Álvarez fue declarado culpable de estos delitos, junto con los de “obstrucción de funciones agravada” y “desobediencia a la autoridad”.
Las acusaciones contra el obispo se basan en sermones que había pronunciado desde el púlpito como consecuencia de lo que consideraba un deber religioso de predicar sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el gobierno. El obispo fue condenado tras un juicio que él desconocía se estaba celebrando y en el que, por lo tanto, no pudo declarar ni contrainterrogar a los testigos.
El obispo Álvarez fue despojado de su nacionalidad y de sus derechos de ciudadanía según una ley nacional en expresa violación de la norma que impide privar a los nicaraguenses de su nacionalidad, y condenado a 26 años y 4 meses de prisión, además de ser condenado a pagar 800 días de multa, por un importe de casi 5.000 dólares.
Álvarez lleva 7 meses encarcelado, incomunicado de su familia y de su representación legal, salvo por una breve visita familiar pública organizada por el gobierno para los medios de comunicación estatales.
El recurso de apelación presentado ante el Tribunal de Apelaciones de Managua contra la condena resultante del juicio simulado, fue rechazado por motivos procesales. El tribunal alegó que inadmitió el recurso por que este no impugnó partes concretas de la sentencia, sentencia que de hecho, hasta día de hoy, no ha sido notificada al obispo ni a su representación legal. Además, en un inicio, al obispo se le negó designar a su defensa técnica, y, desde el nombramiento de su abogada, se le ha negado información básica sobre su caso, como el acceso al expediente. El obispo no dispone en Nicaragua de recursos legales efectivos para la protección de sus derechos humanos.
La Iglesia perseguida en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han exigido anteriormente a Nicaragua la liberación inmediata del obispo Álvarez, así como la adopción de las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal, pero el Estado ha hecho caso omiso de estas resoluciones.
Nicaragua se encuentra en estado de agitación desde abril de 2018 con la erupción de disturbios civiles y protestas masivas contra el gobierno. El gobierno de Ortega ha perseguido a la Iglesia católica en forma de ataques contra líderes religiosos, órdenes religiosas, lugares de culto, además de instituciones y universidades católicas, organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación. Todo ello a pesar de haber invitado previamente a la Iglesia a actuar como mediadora en el proceso de diálogo nacional entre el régimen y la oposición.
La Iglesia católica de Nicaragua se ha pronunciado sobre las agresiones hostiles perpetradas por el gobierno, acusando al régimen de persecución religiosa. En palabras de una carta pública emitida por el clero de Estelí, “están persiguiendo a la Iglesia por su misión profética, porque es la única que es capaz de denunciar sus constantes violaciones a los derechos humanos, olvidándose de que cuando persiguen a la Iglesia, en la persona de sus servidores los obispos, los sacerdotes, los laicos, es a Cristo mismo a quien persiguen”.
El Papa Francisco ha lamentado la persecución de la Iglesia en Nicaragua, invitando a las partes en conflicto a un diálogo sincero y abierto para la convivencia pacífica.
