El discurso del martes ante el Parlamento confirmó que el Gobierno aún no ha decidido cuál es su posición respecto a la libertad de expresión
El discurso ha copado los titulares del año pasado. La cultura de la cancelación ha eliminado casi por completo el debate en las universidades sobre temas candentes como la raza y la religión; la policía ha reprimido a las personas que protestaban por una serie de cuestiones y los gigantes de la tecnología se han volcado en la eliminación de opiniones impopulares. En el centro de todas estas cuestiones está la naturaleza divisiva de la palabra en el siglo XXI y los tenaces intentos de dominarla desde arriba.
Sin embargo, incluso en situaciones ofensivas y controvertidas, el derecho de un individuo a la “libre expresión” debe ser defendido como un principio de los valores democráticos y de la legislación sobre derechos humanos. Un famoso escritor dijo una vez: “Desapruebo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.
En consecuencia, el Gobierno se enfrenta a un dilema. Puede decidir si proteger la libertad de expresión y arriesgarse a irritar a la gente “de moda”, o tomar un camino posiblemente más fácil: permitir que las opiniones más comunes en este momento se impongan y censuren las ideas más polémicas, lo que causaría un menor revuelo entre la gente a la que le gusta gritar más fuerte.
El discurso de la Reina del martes ante el Parlamento -en el que Su Majestad resumió la intención del Gobierno de presentar 25 proyectos de ley para su debate parlamentario este año- confirmó que esta cuestión no se ha solucionado en absoluto. Ha optado por llevar la batuta tanto de la libertad como de la censura. Esto puede ser un desastre.
Por un lado, el Gobierno se ha pronunciado firmemente a favor de la libertad. Recientemente, el secretario de Estado de Educación señaló que las universidades deben rendir cuentas por haber rebajado el valor de los debates. Reconoce que en nombre de la ofensa, la indignación, la corrección política y la política identitaria, los ponentes visitantes, los estudiantes, los expertos y los miembros del personal no académico han sido víctimas del silencio impuesto y ha decidido contraatacar y provocar a los responsables de esa censura. Los planes de Gavin Williamson sobre la libertad de expresión y la libertad académica han sido respaldados por un proyecto de ley de educación superior que señala la intención de nombrar un defensor que luche por los estudiantes, introducir una “ley de responsabilidad civil” para compensar a las personas afectadas por la censura y dar más poder al encargado de la regulación de las universidades para hacer cumplir la ley.
Para estudiantes como Julia Rynkiewicz y Felix Ngole, que defendieron los puntos de vista de la Biblia sobre el matrimonio y la vida, esto es una buena noticia. Sus opiniones “ortodoxas” hicieron que sus carreras se vieran afectadas cuando sus universidades se opusieron firmemente a sus opiniones personales.
Pero, por otro lado, el Gobierno ha optado por tomar el camino de la censura, poniendo la libertad de expresión pública de un grupo o un individuo en manos de una mayor discreción policial. En el Proyecto de ley de policía, delincuencia, condenas y tribunales, además de los planes para imponer penas más duras para los delitos graves, se ha transmitido un claro mensaje al público sobre la libertad de expresión y de reunión. Es necesario un mayor control y mejores condiciones para gestionar y regular las formas más comunes de expresarse y de reunirse al aire libre que provocan la irritación de la “corriente principal”.
Este proyecto de ley, presentado por Priti Patel a principios de este año, pretende ampliar una ley de 25 años de antigüedad que permite restringir las manifestaciones públicas sólo cuando se produzcan desórdenes públicos graves, daños o graves trastornos. Las nuevas propuestas otorgan a la policía poderes mucho más amplios, incluida la autoridad para impedir que la gente se reúna si el nivel de ruido molesta a la población local o “puede causar [a la gente] malestar, alarma o angustia graves” y acusar a los ponentes. En otras palabras, la decisión sobre lo que puede ser “gravemente molesto” o “demasiado ruidoso” se está poniendo en manos de la policía para que la añada a su ya creciente poder de supervisar la forma de expresarse. Si resulta usted molesto, puede ser detenido.
A pesar de que los abogados declararon ante el Parlamento hace unas semanas que este proyecto de ley podría infringir la legislación sobre derechos humanos y tener un impacto muy negativo en la libertad de expresión y de reunión, el discurso de la Reina confirma que el Gobierno está decidido a ampliar los poderes policiales.
¿Debería la policía poder prohibir la oración pacífica de una madre soltera en las calles de Londres que ofrece folletos a las mujeres embarazadas que pueden ser presionadas para abortar o a los ancianos pastores que leen la Biblia en el centro de una ciudad? Estos son ejemplos reales de censura y ambos podrían ser fácilmente clasificados por la policía cómo lo suficientemente “molestos” para ser prohibidos. De acuerdo con el proyecto de ley sobre la policía, los infractores podrían enfrentarse a una pena de 10 años de cárcel, la misma que se aplica a los casos de negligencia grave y maltrato infantil.
Independientemente de nuestras opiniones personales sobre diversos temas, tenemos que considerar seriamente si el derecho de la gente a hablar debe ser suprimido tan gratuitamente. Especialmente por parte de la policía, que ya está patrullando las redes sociales en busca de contenidos “de odio” no delictivos, a menudo confundiendo “odioso” con “conservador”.
El Gobierno tiene que tomar una decisión sobre la libertad de expresión. Es ilógico tener un pie en cada lado mientras se alienta a algunos organismos públicos a liberar y compensar a los silenciados y, por otro lado, se autoriza a otros a criminalizar la libertad de expresión cuando es “molesta”.
¿Qué ocurre cuando los dos paradigmas son opuestos como estamos viendo? ¿Se pueden proteger los campus pero no las calles? El péndulo no puede oscilar en ambos sentidos
