CONFIRMADO: El Gobierno nicaragüense libera al obispo Álvarez de prisión

ROMA, ITALIA (15 de enero de 2024) – El Gobierno de Nicaragua anunció a la Santa Sede la liberación y expulsión de dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas el domingo 14 de enero. Entre ellos, el obispo Rolando Álvarez, quien fue injustamente sentenciado a 26 años de prisión por denunciar las violaciones a los derechos humanos del Gobierno nicaragüense. La presión internacional en favor de su liberación aumentó en los últimos meses, con la intervención de ADF International ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la promoción de su causa ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de Nicaragua: “Ellos han sido ya recibidos por autoridades vaticanas, en cumplimiento de Acuerdos de Buena Fe y Buena Voluntad, que buscan promover entendimiento y mejorar la comunicación entre la Santa Sede y Nicaragua, para la paz y el bien”.

“Celebramos la liberación del obispo Álvarez y los otros miembros del clero de Nicaragua. Pero debemos ser claros: Álvarez no debió ser acusado, ni injustamente encarcelado por cumplir con sus deberes de obispo de la Iglesia católica. Nadie debería ser castigado o perseguido por expresar su fe. ADF International tiene el privilegio y honor de apoyarlo en su lucha por la justicia y rezamos ahora por su pronta recuperación, así como por la difícil situación que atraviesa Nicaragua”, expresa Kristina Hjelkrem, asesora jurídica para América Latina de ADF International y abogada principal en el caso del obispo.

Encarcelado por su fe

La persecución de las autoridades nicaragüenses al obispo Álvarez empezó el 4 de agosto de 2022, cuando agentes policiales le impidieron salir de su residencia, la curia episcopal de Matagalpa, para celebrar misa en una catedral cercana. El obispo, junto con varios seminaristas, sacerdotes y un camarógrafo, fue detenido forzosamente por la Policía en las oficinas diocesanas por quince días.

Después, el 19 de agosto de 2022, la policía entró a la residencia del obispo Álvarez y lo arrestó junto con otros siete católicos sin ninguna orden judicial. Fue sometido a arresto domiciliario por las autoridades.

Entonces, el Gobierno nicaragüense abrió una investigación criminal contra el obispo por “cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”. Posteriormente, Álvarez fue declarado culpable de estos crímenes, y por “grave obstrucción de funciones” y “desobediencia a la autoridad”.

Las acusaciones contra el obispo estaban basadas en los sermones que predicaba desde su púlpito. Él considera un deber religioso predicar las libertades otorgadas por Dios a sus hijos y denunciar las violaciones a los derechos humanos del Gobierno.

El 9 de febrero de 2023, Álvarez fue sacado de prisión y transferido al aeropuerto para ser supuestamente expulsado del país. Según se informó en un inicio, las autoridades de Nicaragua no informaron al obispo Álvarez por qué pretendían trasladarlo en un avión y hacia dónde lo enviarían. Se reportó entonces que Álvarez se negó a abordar y al día siguiente, fue declarado culpable en un juicio que él no sabía que estaban celebrando y en el que, por lo tanto, no pudo declarar ni presentar testigos.

El obispo Álvarez fue despojado de su nacionalidad y de sus derechos como ciudadano, según una ley nacional que viola expresamente la norma que impide privar a los nicaragüenses de su nacionalidad; y sentenciado a 26 años de prisión. Además de ser condenado a pagar 800 días de multas, por un valor de casi 5.000 dólares americanos. Estuvo encarcelado alrededor de once meses y privado todo ese tiempo de representación legal. Fuentes fiables dieron testimonio de las horrendas condiciones en las que vivió Álvarez en prisión, incluido el ser aislado por varias semanas en la celda de máxima seguridad llamada “El Infiernillo”.

Creciente presión internacional

Un recurso de apelación al Tribunal de Apelaciones de Managua, en contra de la condena resultante de la farsa judicial, fue rechazado por no impugnar partes específicas de la sentencia, que el tribunal no había proporcionado. Desde el principio, le impidieron al obispo contar con un abogado de su elección, por lo que siempre le negaron la información básica relacionada con su caso. Finalmente, Álvarez fue condenado en un juicio en el que no estuvo presente.

No había ningún otro recurso legal disponible para él en Nicaragua, por lo que ADF International presentó una petición en su nombre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las violaciones cometidas contra su derecho a la libertad religiosa y de expresión, y contra su derecho al debido proceso, entre otros. A pesar de su liberación, su caso continúa en la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, con la esperanza de alcanzar justicia para el obispo y establecer un precedente útil para otros que enfrentan juicios similares en Nicaragua.

En noviembre de 2023, varios miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos organizaron una audiencia titulada “Un llamado urgente para dejar ir al obispo Álvarez”. Hubo intervenciones de testigos y expertos acerca de la crisis de derechos humanos que está viviendo Nicaragua. ADF International también presentó una declaración sobre los abusos legales durante su enjuiciamiento y las violaciones a los derechos humanos del obispo.

La terrible experiencia de Álvarez impulsó a muchos organismos, incluyendo los Estados miembros de la OEA, varios relatores especiales y expertos de la ONU, la Unión Europea, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a hacer un llamamiento a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, y a liberar a Álvarez y a los otros miembros del clero.

“La comunidad internacional celebra la liberación del obispo Álvarez, pero continuará su denuncia contra la detención de los otros miembros del clero que siguen encarcelados en Nicaragua a causa de su fe” expresa Hjelkrem.