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Resumen

• La audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá lugar esta semana
• La decisión también afectará al derecho de los padres de poder elegir la educación religiosa de sus hijos

Washington D.C. (10 de Mayo 2021) – ¿Se respetará la decisión de los padres en cuanto a la educación religiosa de sus hijos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos responderá próximamente a esta pregunta para 35 países americanos en el histórico caso de Pavez vs. Chile. La audiencia pública tendrá lugar los días 12 y 13 de mayo.

“Esperamos que el Tribunal respete el carácter fundamental de la libertad de religión y creencia. Esto incluye la autonomía de las comunidades religiosas para elegir a sus maestros y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa de acuerdo con sus convicciones”, dijo el Director de Defensa jurídica para América Latina y el Caribe de ADF Internacional, Tomás Henríquez. “Nunca antes se había presentado un caso sobre la libertad de religión o creencia y los derechos que protege directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Empleo ininterrumpido, cargo distinto

La Sra. Sandra Pavez dictaba clases de religión católica en San Bernardo, Chile. Cuando la diócesis local se enteró de que la Sra. Pavez había entablado una relación homosexual, contraria a las enseñanzas de la iglesia católica, le informaron de que ya no podían certificarla como apta para enseñar la fe católica en nombre de la iglesia. Sin embargo, pudo continuar con su empleo, sin interrupción, en una capacidad diferente; incluso disfrutó de la promoción para convertirse en un miembro del equipo directivo de la escuela.

A pesar de ello, la Sra. Pavez emprendió acciones legales contra la iglesia en diferentes instancias en Chile, alegando haber sufrido discriminación. Cuando el Tribunal Supremo confirmó la libertad de la iglesia para certificar a sus profesores y el derecho de los padres a que sus hijos sean educados por alguien que viva de acuerdo con su fe, ella presentó su demanda contra Chile ante la Corte Interamericana.

Caso emblemático sobre la libertad religiosa

Dado el alcance internacional de la jurisdicción del Tribunal, este es un caso que preocupa a millones de personas en los estados americanos. La sentencia podría tener un impacto significativo para las personas de fe. El tribunal determinará si las escuelas católicas, judías, musulmanas, evangélicas o de cualquier otra religión pueden garantizar que los designados para enseñar esa religión vivan de acuerdo con lo que enseñan. Por ello, una amplia coalición de organizaciones y comunidades religiosas se ha unido para defender este derecho fundamental y pedir al Tribunal que respalde las leyes del Estado. Esta coalición incluye a las comunidades judías, musulmanas, ortodoxas, anglicanas y protestantes de Chile, así como al presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), todos los cuales han presentado un escrito conjunto histórico ante la Corte.

“Los padres, y las comunidades religiosas a las que pertenecen, deben ser libres de transmitir su fe a sus hijos y de decidir quién la enseñará en su nombre. El derecho internacional protege claramente la autonomía de las comunidades religiosas. La Iglesia desempeña un papel importante en la sociedad, la cual se beneficia de estas comunidades religiosas firmes y autónomas”, dijo Henríquez.

ADF Internacional ha presentado un informe en derecho a los jueces del Tribunal para enfatizar la importancia de proteger el derecho a la libertad de religión y creencias, junto con el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos.

“La legislación sobre derechos humanos garantiza el derecho de los padres a decidir sobre la educación moral y religiosa de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. En consecuencia, las clases de religión deben reflejar esta garantía. Esto incluye la designación de profesores que sean fieles representantes de esas creencias. La libertad de religión y de creencias está en juego para los padres de las Américas. Es vital que el Tribunal se encargue de proteger esta libertad fundamental”, dijo Robert Clarke, Director Adjunto de ADF International.

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